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Después de que en Febrero de 2012 el Tribunal Constitucional fallara a favor del pago de una tasa para la admisión a trámite de las demandas civiles y posteriormente en Noviembre se publicara la Ley de Tasas Judiciales, por fin el día 1 de Marzo el Real Decreto Ley  1/2015 puso fin a esta controvertida traba. A pesar de que las personas jurídicas no disfruten de ello, después de dos años se estrecha la demanda de todos los sectores jurídicos, que por unanimidad se oponen a este hecho. En cuanto nos preguntáramos que ocurriría con el dinero recaudado, unos 500 millones de euros, el Gobierno sigue sin especificar dónde está, y qué se ha hecho con él. Los sectores jurídicos y asociaciones, que han manifestado su oposición y presionado, de manera contundente para su desaparición, durante este periodo de pérdida de la tutela judicial efectiva, se sienten aliviados. Sin embargo el Consejo General de la Abogacía  ha declarado que esta satisfacción es parcial ya que ” no extiende la derogación de las tasas también a las pymes, lo que repararía plenamente la injusticia y contribuiría a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.” Desde aquí esperamos que el camino de las tasas judiciales sea mas corto que el camino que ya ha recorrido.